Estamos oficialmente en guerra; sí, usted también

Ashcroft y la guerra a la piratería, Farré y la cárcel para el P2P
Estamos oficialmente en guerra; sí, usted también

El mundo está en guerra; una nueva. La Guerra contra el Robo
Internacional de Propiedad Intelectual. Nada menos que el fiscal
general de los EEUU (equivalente a ministro de justicia) la ha
declarado oficialmente. Entre otros, contra los 'piratas'
informáticos. Y ojo; cuando hablamos de guerra no hablamos de
tonterías, sino de la cárcel. Las dudas sobre si el nuevo Código Penal
criminaliza el uso de redes de intercambio entre iguales (P2P) quedan
despejadas por éste doctor en derecho (y jefe de departamento de la
SGAE), que opina que sí. Frente a ésto los insultos de autores quizá
confundidos son una mera molestia... el artículo 270 habla de hasta
dos años de cárcel. ¿Es que nadie en el gobierno va a detener esta
locura? Antes de que algún político salga damnificado en sus
perspectivas electorales por una demanda, o una autoinculpación,
masiva...

'El derecho de autor se basa en un principio fundamental de 'fair
play': el trabajo y el esfuerzo deben, en justicia, estar
remunerados.' Pedro Farré, Doctor en Derecho y Jefe de la Oficina de
Defensa de la Propiedad Intelectual de la SGAE, en un artículo
publicado en Aranzadi.

El señor Farré olvida, estratégicamente, otra base del derecho de
autor: la sociedad que lo garantiza. El innegable (y no negado)
derecho de los autores a ser remunerados por sus esfuerzos no se
extiende eternamente porque también la sociedad debe obtener una
compensación por sus esfuerzos: a cambio del monopolio que garantiza a
los autores. El equilibrio se ha establecido limitando en el tiempo la
extensión de los derechos económicos (que no morales) del autor; a
partir de un número de años, la sociedad puede acceder libremente a
esas obras, que pasan al dominio público. Ese equilibrio se ha roto a
lo largo del último siglo con las sucesivas extensiones del tiempo de
garantizado monopolio. Ahora nada pasa al dominio público: canciones,
textos, obras teatrales, guiones, todo pertenece a alguien. Las ideas,
el conocimiento mismo, tiene dueño. En la práctica, a perpetuidad.
Esta situación es legal, pero desde luego no es justa.

Claro, que a lo mejor es porque las leyes se hacen escuchando tan sólo
a una de las partes interesadas, aquella que quiere transformar la
propiedad intelectual en algo equivalente a la propiedad física. A lo
mejor tiene que ver que quienes hacen esas leyes reciben premios, de
uno sólo de los lados. A lo mejor es porque los políticos no escuchan
al otro lado: a nosotros, los ciudadanos, los compradores de cultura.
Sus votantes. A lo mejor tendrían que escucharnos, aunque sea a
gritos.

Ahora estamos llegando a un punto crítico. El endurecimiento de las
leyes de propiedad intelectual se está aproximando al absurdo. El
pasado año se calcula que el 31% de la población internauta en España
utilizaba programas P2P: si se conserva la proporción hoy puede
afirmarse que más de 3,7 millones de personas, casi el 10% de la
población española, son delincuentes que deberían ser condenados a 2
años de cárcel. No hay policías para tanto delincuente. No hay
fiscales, jueces, ni cárceles. Y, lo más importante, no hay político
que aguante meter en la cárcel en manadas a adolescentes por crímenes
no violentos contra una propiedad impalpable que se reproduce en cada
copia.

¿Qué sale ganando la sociedad española invirtiendo en proteger este
derecho de autor revenido, extendido hasta el infinito y con el
potencial de crear el caos creativo?

Porque ése es otro aspecto del problema: las canciones y los textos
literarios no son como una parcela de terreno o una pantalla de TV de
plasma. Si transformamos la cultura en algo similar a una inversión
inmobiliaria o un electrodoméstico la asesinaremos, porque la creación
es imposible sin construir sobre algo previo. Toda música original,
toda novela recién escrita serían imposibles sin haber escuchado, y
gustado, y reelaborado, otras músicas, otras literaturas. Los
esfuerzos de autoría deben ser recompensados, sin duda; pero no hasta
el extremo de cegar el normal flujo de conocimiento de la cultura.

Los autores, entre ellos la señorita Beltrán, están preocupados. Y es
normal: sus editores y las entidades de gestión de derechos (sus
intermediarios con el público) les informan de que unos 'piratas'
malosos les están sacando dinero del bolsillo. Que les roban, y nadie
hace nada; ni la policía, ni los jueces aplican las leyes para impedir
que les atraquen. Luego resulta que esos intermediarios se quedan con
una parte muy sustancial de los ingresos generados por la obra del
autor, por lo que no es éste el más perjudicado. Y que la solución que
proponen, ojo, los intermediarios que no los autores, es meter en la
cárcel... a quienes disfrutan de la obra de los autores.

¿Alguien piensa que ésta es la mejor manera de relacionarse con la
clientela? ¿Puede algún artista, y mucho menos un músico de rock,
pedir la cárcel para sus 'fans' en beneficio de terceros?

Quizá sea el momento de explorar otras formas de compensar a los
autores. Y también de reducir el precio de la obra usando los medios
de difusión digital, y de reducir la extensión temporal del monopolio
económico, y de explorar leyes y sistemas de gestión de derechos
colectivos más flexibles, capaces de aceptar esas nuevas formas de
compensación y de difusión (como el 'copyleft').

Las dudas ahora se reducen a cuánta gente deberá pasar por la cárcel,
y cuántos políticos por el paro, hasta que se lleven a cabo estos
cambios y la racionalidad regrese. Porque no hay otra salida: de lo
contrario la industria cultural acabará siendo como el tráfico de
drogas, y perderemos todos. Autores y consumidores de cultura, los
primeros.
http://navegante2.elmundo.es/navega...92753.html