Uruguay nuevamente ha vencido un reclamo interpuesto por un
inversionista extranjero en un procedimiento de arbitraje ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
en Washington, D.C.
Un tribunal compuesto por tres árbitros sostuvo por unanimidad la
objeción de Uruguay de que Italba Corporation, la empresa estadounidense
que inició el arbitraje, no demostró que era propietaria o que
controlaba a Trigosul, S.A., su supuesta filial uruguaya cuya licencia
de telecomunicaciones fue revocada por las autoridades uruguayas en 2011.
Uruguay había argumentado que, debido a que Italba no era propietaria ni
controlaba una inversión en el país, no era un "inversionista" según los
términos del tratado bilateral de inversión entre Uruguay y Estados
Unidos. El tribunal estuvo de acuerdo y, sobre esa base, sostuvo la
objeción de Uruguay relativa a la jurisdicción y desestimó todas las
reclamaciones de Italba.
El tribunal también ordenó a Italba a pagar todos los honorarios y
gastos de los abogados de Uruguay, cuyo monto excede $5,8 millones.
Esta fue la segunda victoria arbitral de Uruguay en menos de tres años.
En julio de 2016, Uruguay venció un reclamo interpuesto por la compañía
tabacalera Philip Morris International en el que se alegaba que
incumplió sus obligaciones establecidas en el tratado al imponer
restricciones a la comercialización de cigarrillos para proteger a los
consumidores contra alegatos falsos sobre los riesgos para la salud que
produce el hábito de fumar. Asimismo, el tribunal ordenó a Philip Morris
reembolsar a Uruguay por sus honorarios legales y gastos
administrativos, que en ese caso ascendían a $7,7 millones.
En ambas victorias, Uruguay fue representado por Foley Hoag LLP.
"Es un honor para Foley Hoag servir como asesor legal para Uruguay",
dijo Paul Reichler, Líder del Departamento de Litigios Internacionales y
Arbitraje de la firma, y asesor principal para Uruguay en ambos casos.
“No hay muchos Estados que puedan igualarlo en términos de su compromiso
con el estado de derecho, su respeto a los derechos de los
inversionistas nacionales y extranjeros y la transparencia de su
administración pública. Cuando actúa, lo hace responsablemente”.
El equipo de abogados de Foley Hoag estuvo compuesto por la socia Clara
Brillembourg (quien también defendió a Uruguay en el caso de Philip
Morris), y los abogados Christina Beharry, Ofilio Mayorga, Patricia Cruz
Trabanino y José Rebolledo.
La firma ha representado a Uruguay en sus disputas legales
internacionales de manera continua desde 2006, cuando compareció en
representación del Estado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
en La Haya, en respuesta a un reclamo presentado por Argentina en el que
se argumentaba que una fábrica de pasta de papel con licencia de Uruguay
causó daño ambiental a un río compartido por ambos países. En 2010, la
Corte Internacional de Justicia falló a favor de Uruguay, decidiendo que
las pruebas no demostraron ningún daño al río.
Foley Hoag se especializa en la representación de Estados soberanos en
disputas con otros Estados e inversionistas extranjeros ante tribunales
internacionales y tribunales arbitrales. Es clasificada constantemente
en la Banda Uno, el nivel más alto para el Derecho Internacional Público
por Chambers Global, la cual reporta que: "Foley Hoag LLP se
destaca por su alto nivel de competencia y admirable historial de casos
manejados con resultados exitosos".
Acerca de Foley Hoag LLP
Foley Hoag brinda servicios legales innovadores y estratégicos a
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capacidades del más alto nivel en los campos de la biotecnología, salud,
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